A horas del envío del proyecto de Presupuesto al Congreso de la Nación, la Casa Rosada ventiló el acuerdo alcanzado con los gobernadores, el que comprende cambios en el impuesto a las Ganancias, la Ley de Responsabilidad Fiscal, financiamiento de cajas previsionales y traspaso de subsidios para tarifas en servicios públicos. Dicen que es lo que se cerró con al menos 20 de los 24 mandatarios provinciales, entre ellos el radical correntino Gustavo Adolfo Valdés, que el martes estuvo en la reunión con el presidente Mauricio Macri. En uno de los puntos de la iniciativa se señalan las medidas que adoptarán para la reducción de subsidios nacionales en materia energética y de transporte, el ancla que se saca de encima la Nación y que le transfiere a la Provincia.
De la lectura del documento se desprende que la mirada (y la preocupación) de la administración central está enfocada en las dos jurisdicciones que gobierna el PRO. Por ejemplo, establece la participación de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de la tarifa social del servicio de agua y desagües cloacales prestado por Aguas y Saneamientos Argentinos. También indica que estos dos distritos tendrán a su cargo la definición de la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Como tercer ítem, deposita en ambas jurisdicciones la definición de las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor que se desarrollan en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Por otra parte se contempla que las distribuidoras eléctricas Empresa Distribuidora Norte SA (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur SA (Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y de la Caba, en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas en las demás jurisdicciones. Y justamente a fin de compensar a los dos distritos, el pacto indica que en el Presupuesto 2019 se tendrá en cuenta el impacto de estas medidas. En ese escenario, la adenda prevé derogar, con efecto a partir del 1º de enero de 2019, toda disposición (cualquiera sea su rango normativo) mediante la que se establezca -directa o indirectamente- la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias. Aclara que ello sucederá a excepción de las establecidas en la Ley del Impuesto a las Ganancias, del importe percibido por empleados o funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, entre otros. Con relación a la Ley de Responsabilidad Fiscal, se pautó prever, en el marco de la ley 25.917 la posibilidad de incrementar el límite de gasto público corriente primario neto para el ejercicio fiscal 2019 de aquellas jurisdicciones cuyo correspondiente gasto en 2018 hubiere variado menos que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ese año. Respecto de las cajas previsionales provinciales no transferidas, el documento subrayó que se decidió incluir en el proyecto de ley un artículo en el que se prevea que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación, en concepto de anticipo a cuenta, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit determinado. En este lote está la provincia de Corrientes, que en 2016 firmó un convenio con la Nación para la adecuación de la caja previsional. Los términos de ese acuerdo aún se desconocen, lo mismo que el resultado. En la era de Cambiemos, transparencia cero.
