El diputado por la Unión Cívica Radical (UCR), Manuel Aguirre se explayó acerca de dos temas que marcan agenda en el tratamiento parlamentario local: los proyectos sobre comunicación en fibra óptica para Corrientes y la prohibición de conducir transporte público para aquellos que fueron condenados por delitos sexuales.
En contacto con EL LIBERTADOR TV, el parlamentario que supo ser secretario de Seguridad provincial expresó: “El proyecto de comunicación de fibra óptica respaldado por la Legislatura es clave para uno de los pilares fijados por la gestión del gobernador Gustavo Valdés: el desarrollo tecnológico. Hoy la tecnología ayuda muchísimo y juega un espacio vital en el mundo globalizado. He viajado mucho y pude constatar como hombres de negocios o emprendedores pueden supervisar desde cualquier lado del planeta sus empresas o establecimientos. Con la implementación de este sistema nuestros pequeños y medianos productores podrán contactarse con otros mercados podrán aprender nuevas y modernas formas de producción. El proyecto se estipula en que el 60 por ciento estará a cargo del Estado y el 40 por ciento a cargo de capital privado. Asimismo habrá un control de tres síndicos internos pero también el Tribunal de Cuentas vigilará, al existir fondos públicos. Se fija además un contralor parlamentario”.
CAPITALIZACIÓN
Al referirse al impacto que tendrá para la atracción de inversiones, el Diputado puntualizó: “Nadie vendrá a invertir a Corrientes si no hay comunicación, uno sale a 40 km de Capital y hay serias fallas en la conectividad, y cuando uno reclama a estas grandes empresas de telecomunicaciones, se hacen los distraídos. Con nuestra empresa estatal de Telecomunicaciones se proveerá a la comunidad de un servicio de Internet mucho más accesible que los que hay en la actualidad. Hoy vemos empresas que ganan muchísimo y no invierten ni en antenas. Beneficiará a todos y dará empleado a mucha gente, a partir de la ocupación y la especialización permanente. Todo para el progreso de Corrientes”.
PREVENCIÓN
Otras de las cuestiones abordadas durante la charla con Aguirre fue la vinculada con la prohibición de conducir transportes públicos para aquellas personas que hayan tenido condenas por delitos sexuales.
“Soy abogado especializado en Derecho Penal y los años de estudio me ayudaron a ver las aristas delicadas de los delitos sexuales. Tengo un Doctorado al respecto y puedo decir que la media sanción en Diputados es un gran paso. Es una ley que solo existe en Chile, Estados Unidos y España”, aseveró el legislador.
“Nuestras reglamentaciones deben sencillas, simples y expeditivas, adaptadas a los nuevos tiempos de la sociedad. Durante años aquellas personas que eran condenadas por delitos sexuales salían y podían manejar el transporte publico. Eso es inadmisible. Ejemplo tenemos de sobra pero siempre recuerdo el lamentable caso del Chaco de la joven Tatiana, víctima de un violador. Si una persona es condenada por delitos sexual, 10 años después no puede manejar un transporte público” y agregó: “Debemos proteger a niños, mujeres solas, ancianos. Las estadísticas son contundentes al respecto. El año pasado, el 70 por ciento de las violaciones se da en el ámbito del No Hogar, con el transporte público de por miedo. La víctima -una mujer sola, un niño- está distraída y estos delincuentes aprovechan esta vulnerabilidad”.
Al hacer referencia al futuro inmediato de los delincuentes sexuales tras cumplir la condena, Aguirre argumenta: “Es muy difícil la reinserción de un violador o abusador en la sociedad, esto lo puede decir un psiquiatra o un psicólogo. Es una persona enferma, como un alcohólico o un drogadicto. Tenemos un Código Penal de 1821, y en cuanto a su ideología tenemos que cambiarlo, avanzar en una actualización sobre la Presunción de Inocencia. Durante la Instrucción se puede presumir inocencia, pero cuando se eleva la causa para debate y el juez procesa porque considera que tiene todos los elementos pertinentes, la persona debe probar su inocencia. No debería existir mas eso de ‘es inocente hasta que se demuestre lo contrario’ ya que así, por supuesta falta de evidencia, se termina con la absolución. Luego, la sociedad, la familia perjudicada reclama y se instala la noción de que no hay justicia, y lamentablemente así está la situación”
